Lo de la Protectora de Ceuta no es una queja más: es un grito claro de auxilio. Cuando hablan de “colapso”, no están exagerando ni buscando titulares fáciles; están describiendo una situación límite en la que los animales, que ya bastante tienen con haber sido abandonados, acaban pagando las consecuencias de la desidia institucional. Y eso, sencillamente, no debería pasar.
En solo cuatro meses, cerca de 2.000 inmigrantes han entrado en Ceuta. No es una cifra menor ni un hecho aislado: es la prueba de que algo está fallando de forma evidente en la gestión de nuestras fronteras. Se puede hablar de humanidad, de solidaridad o de derechos, pero hay una realidad incómoda que no se puede maquillar: una frontera no puede convertirse en un coladero permanente sin que eso tenga consecuencias.
El caso de Javier Guerrero parece haberse convertido en algo más que un proceso judicial: huele, y mucho, a dimensión política. Porque cuando nadie sabe muy bien qué decir, ni cómo posicionarse, ni qué pasos dar, lo que queda es un silencio incómodo que no suele ser casual. Y en medio de ese ruido callado, siguen sin aparecer ni pruebas claras ni víctimas que sostengan el peso de una acusación tan grave.
Lo de Servilimpce huele mal, y no precisamente por el trabajo que desempeñan sus empleados. Los listados de capataces y conductores, tal y como se han elaborado, son nulos de pleno derecho si atendemos a lo que marca la ley de empleo público: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Cuatro principios básicos que no son un adorno legal, sino la garantía mínima de que el acceso a un puesto público no depende de a quién conoces, sino de lo que vales.
En el caso de Javier Guerrero, uno ya no sabe si está ante una investigación judicial o ante una serie por entregas sin fecha de final. Y aquí es donde surge la pregunta —con todo el respeto— hacia la Guardia Civil: ¿queda mucho para aportar esas pruebas de las que tanto se habla? Porque la sensación desde fuera es la de un “ya casi” que se alarga demasiado.
