Es evidente que la gestión de las empresas públicas suponen el talón de Aquiles para nuestros gobernantes. Una regla de oro para que estas empresas prosperen, es buscar el objetivo, no solo del beneficio, sino el de garantizar un derecho para poder ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. Los datos y la historia certifican que el Estado deja de arrojar beneficios, genera ineficiencias, pérdidas y finalmente deja de proveer de manera eficiente ese producto o servicio. Y todo esto sucede porque el dinero que se gestiona es público, con lo cual el despilfarro del mismo está asegurado.
