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Ceuta será desde esta madrugada el epicentro de un seísmo en un simulacro que ha sido considerado como uno de los más importantes que se realizan a nivel nacional, tanto por el número de medios que intervienen como por la cantidad de personas que mueve a su alrededor.

Varicela, sarna, agresiones, navajazos, cabezas abiertas, denuncias por violaciones, asentamientos improvisados y una sensación de inseguridad que se ha instalado en demasiados rincones de Ceuta. Y, por encima de todo, una cifra que debería sonrojar a quienes tienen responsabilidades públicas: 48 días. Cuarenta y ocho días desde aquel 30 de julio y los caballas siguen esperando una solución que permita recuperar la normalidad.

Hay que tener muy poca sensibilidad para contestar así. Pedro Sánchez sale del Congreso, le preguntan por los menores que todavía siguen por las calles de Ceuta después de todo lo que esta ciudad lleva soportando desde aquel fatídico 30 de julio y su respuesta es: «Eso pregúntaselo a Vivas». Y se queda tan ancho. Como si Ceuta estuviera a miles de kilómetros de España. Como si esto no fuera también asunto suyo. Como si el Gobierno de la nación pudiera mirar hacia otro lado y pasarle la pelota al presidente de la Ciudad.

El Gobierno de Juan Vivas vuelve a situarse bajo una sombra que ya resulta demasiado persistente: la de una contratación pública cuya transparencia necesita muchas más explicaciones. Ceuta Ya! ha denunciado la adjudicación, mediante el procedimiento de emergencia y sin publicidad, de contratos que suman aproximadamente 5,7 millones de euros a empresas vinculadas familiarmente con personas del entorno de cargos del Partido Popular. Vox, por su parte, ha solicitado los expedientes completos y la información registral de las adjudicatarias.