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Hay momentos en la vida en los que ser educado, leal y disciplinado deja de ser una virtud para convertirse en una condena. Y creo que Miguel Ángel Pérez Triano ha llegado a uno de esos momentos. Lo digo desde el cariño, desde la amistad y desde el conocimiento de la persona que hay detrás del cargo: un hombre profundamente ceutí, con ideales de izquierdas, preparado, capaz, educado y que quiere a su tierra. Precisamente por eso duele verlo hoy tan señalado ante una ciudadanía que está pagando las consecuencias de una situación que él no ha provocado y cuya solución, además, no está en sus manos.

Hay una pregunta que estos días se repite en redes sociales: ¿cómo valoramos la gestión de Juan Vivas ante la crisis migratoria y el deterioro de la sanidad? La respuesta debería ser bastante sencilla: valoramos a cada responsable por aquello que está dentro de sus competencias. Y en esto conviene no hacerse trampas al solitario. El presidente de la Ciudad no tiene las competencias para ordenar el retorno de los inmigrantes que llegan a Ceuta ni para solucionar directamente los problemas de la sanidad pública, porque ambas materias dependen esencialmente del Estado.

Y erre que erre con la supuesta “crisis humanitaria” de Marruecos. Conviene llamar a las cosas por su nombre: una crisis humanitaria de las dimensiones que algunos pretenden vender no se puede convertir en una coartada para justificar cualquier cosa. Siria sufrió una guerra devastadora; millones de personas huyeron para salvar la vida. Ucrania sufrió una invasión y millones de ciudadanos buscaron refugio lejos de las bombas. Eso sí son ejemplos evidentes de poblaciones desplazadas por un conflicto armado. Marruecos, por el contrario, no está en guerra ni su población está huyendo de un frente de combate.

Conviene poner las cosas en su sitio. Juan Vivas está defendiendo a Ceuta y hace bien. Muy bien, de hecho. Pero tampoco hace falta ponerle una capa, entregarle un escudo y presentarlo como el nuevo vengador de Marvel. Lo que está haciendo es, sencillamente, lo que corresponde al presidente de una ciudad: defender los intereses de sus ciudadanos.