Ceuta atraviesa una situación excepcional y las respuestas también deben estar a la altura. El Partido Popular llevará la próxima semana al Senado una iniciativa para reclamar al Gobierno que conceda temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en la ciudad. Una propuesta que merece ser estudiada seriamente porque resulta difícil de explicar que quienes están sobre el terreno colaborando para garantizar la seguridad no dispongan de todas las herramientas jurídicas necesarias para actuar cuando las circunstancias lo exijan.
Ceuta atraviesa una situación excepcional y las respuestas también deben estar a la altura. El Partido Popular llevará la próxima semana al Senado una iniciativa para reclamar al Gobierno que conceda temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en la ciudad. Una propuesta que merece ser estudiada seriamente porque resulta difícil de explicar que quienes están sobre el terreno colaborando para garantizar la seguridad no dispongan de todas las herramientas jurídicas necesarias para actuar cuando las circunstancias lo exijan.
Los militares no están para sustituir a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, y nadie debería pretenderlo. Cada cuerpo tiene sus competencias. Pero tampoco parece razonable mantener a efectivos desplegados en una situación extraordinaria con un margen de actuación limitado ante determinados incidentes. Si se les pide presencia, colaboración y apoyo, también hay que proporcionarles protección jurídica suficiente para desempeñar esas funciones sin quedar expuestos ante una intervención complicada.
La iniciativa del PP parte, además, de una realidad que Ceuta lleva semanas padeciendo. La ciudad continúa sometida a una enorme presión después de los acontecimientos del 30 de julio y los episodios de tensión e inseguridad han alimentado la preocupación ciudadana. En ese escenario, cualquier medida extraordinaria debe estar perfectamente delimitada en el tiempo, ajustada a la ley y acompañada de protocolos claros. Pero descartarla simplemente porque sea excepcional sería ignorar que excepcional es precisamente la situación que vive Ceuta.
El Gobierno de España debería abordar esta propuesta sin convertirla en otra batalla partidista. Si jurídicamente es viable, proporcional y aporta mayor seguridad tanto a los ciudadanos como a los propios militares, merece salir adelante. Y si necesita ajustes legales o mayores garantías, que se introduzcan. Lo que Ceuta no necesita ahora es otra discusión interminable mientras quienes están trabajando sobre el terreno se preguntan hasta dónde pueden intervenir.
Porque proteger a Ceuta también significa proteger a quienes tienen encomendada su defensa. Los militares están allí, dan la cara y cumplen las órdenes que reciben. Si las circunstancias requieren que asuman determinadas funciones adicionales, el Estado debe ofrecerles un marco jurídico claro y todas las garantías necesarias. Pedirles que estén en primera línea sin proporcionarles suficiente respaldo legal sería, sencillamente, dejar el trabajo a medias.