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Cuando Sebastián Vega dejó el mando de la Policía Local de Ceuta el pasado 1 de septiembre, después de casi una década al frente del cuerpo, se abrió también un debate que la ciudad ya conoce de memoria: quién debe ocupar ahora esa jefatura y, sobre todo, de dónde debe venir.

La entrada masiva de personas en Ceuta durante los días treinta y treinta y uno de julio no se pareció en nada a los movimientos migratorios habituales que España ha gestionado en las últimas décadas. No fue un fenómeno espontáneo, ni una respuesta desesperada a circunstancias económicas o sociales sobrevenidas. Fue un proceso cuidadosamente diseñado, ejecutado por fases y con una planificación que revela un nivel de sofisticación muy alejado de lo que podría considerarse una crisis migratoria convencional. El análisis técnico del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, elaborado a requerimiento de la Audiencia Nacional, muestra que esta movilización se estructuró como un procedimiento con un antes, un durante y un después, una sistemática que descarta cualquier explicación basada en la improvisación o el efecto contagio espontáneo que a veces acompaña a los movimientos de población.

Hay momentos en los que una ciudad tiene que mirarse al espejo.

Hay momentos en los que una sociedad deja de contemplar los acontecimientos que la rodean como simples noticias y empieza a percibirlos como una amenaza directa a su propia seguridad. Lo ocurrido en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio pertenece a esa categoría. La entrada masiva de decenas de miles de personas en territorio español, unida a los indicios que apuntan a una posible actuación organizada desde Marruecos, ha provocado una sensación de indefensión difícil de ignorar. Por eso las manifestaciones convocadas para expresar rechazo, preocupación y exigencia de respuestas no solo eran legítimas, sino también previsibles.