Resulta agotador comprobar cómo en Ceuta aparecen de golpe causas sobrevenidas y sensibilidades impostadas que durante el resto del año le dan exactamente igual a buena parte de la sociedad. Estos días saltaba la imagen de un inmigrante junto a un delfín muerto en la orilla y, de la noche a la mañana, parece que media ciudad ha descubierto el maltrato animal. Yo, que llevo años implicada en esta lucha, soy la primera en condenarlo y quiero que se investigue hasta el final.
Más de un mes después de la entrada masiva de finales de julio de 2026, Ceuta no solo arrastra una crisis migratoria. Arrastra una crisis entre ceutíes. La tensión ya no se libra únicamente en la frontera: se libra en los patios de los colegios, en los portales de los edificios y entre vecinos que antes se saludaban y ahora se enfrentan por cómo se está gestionando lo que a todos, sin excepción, nos ha caído encima.
Hay momentos en los que una ciudad deja de respirar con normalidad. Ceuta está viviendo uno de esos momentos. Y lo más doloroso no es solo la crisis migratoria que la atraviesa desde finales de julio: es que esa crisis ha alcanzado ya el umbral más sagrado de cualquier sociedad, las aulas.
Uno de los aspectos más reveladores del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras es el análisis comparativo entre las organizaciones criminales que operan en la zona y la estructura necesaria para articular lo ocurrido el treinta y treinta y uno de julio. La conclusión es inequívoca y está sustentada en datos objetivos: las redes de tráfico de inmigrantes que actúan en el estrecho y en el entorno de Ceuta carecen de la capacidad para organizar una movilización de estas dimensiones. No solo no disponen de los medios logísticos, sino que su lógica de funcionamiento, basada en el beneficio económico y el transporte discreto de pequeñas cantidades de personas, es radicalmente opuesta a la del asalto masivo y sin contraprestación que se produjo en Ceuta.
Una de las preguntas que inevitablemente surgen tras lo ocurrido en Ceuta es si las autoridades españolas podían haber hecho algo para evitarlo o, al menos, para mitigar sus efectos. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, en este punto, es implacable: no hubo falta de información. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras emitió múltiples alertas en los días previos y durante el desarrollo de la entrada masiva, advirtiendo del riesgo de colapso y señalando la fecha concreta del treinta de julio como un momento de peligro inminente. Esas alertas, dirigidas a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, así como a otras unidades operativas como las Jefaturas Superiores de Canarias o Andalucía, demuestran que el Estado tenía conocimiento de lo que se avecinaba con una antelación más que suficiente para activar mecanismos de prevención.
