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Ahora que todavía me respeta la artrosis, me viene de maravilla dar paseos. Antes me gustaba dar la vuelta al pantano del Renegado, pero como lleva ya tres años cerrado por unas obras de acondicionamiento que nadie ha llegado a ver (La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene la misma diligencia en ese aspecto que la que tiene para aprobar el informe que paraliza el PGOU, es decir, ninguna), pues me voy para el monte Hacho. Eso sí, me voy un poco enfadado porque no puedo disfrutar del embalse como antaño y parece que a nadie le importa un bledo.

Tras las multitudinarias y reconfortantes manifestaciones de apoyo a Ceuta por toda España, y la decepcionante comparecencia en el Congreso del presidente Sánchez, toca hacer balance de la situación, aclarar lo que el Gobierno nos ofrece como solución y plantear alternativas.

Hay decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer administrativamente incorrectas o incluso desleales. Y, sin embargo, son jurídicamente impecables y políticamente necesarias. La decisión de la Plaza Judicial Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de requerir directamente al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras la elaboración de un informe técnico sobre la entrada masiva de personas en Ceuta, sin pasar por los canales jerárquicos de la superioridad policial, pertenece a esa categoría de decisiones que la buena práctica jurídica no solo permite, sino que exige.

Resulta agotador comprobar cómo en Ceuta aparecen de golpe causas sobrevenidas y sensibilidades impostadas que durante el resto del año le dan exactamente igual a buena parte de la sociedad. Estos días saltaba la imagen de un inmigrante junto a un delfín muerto en la orilla y, de la noche a la mañana, parece que media ciudad ha descubierto el maltrato animal. Yo, que llevo años implicada en esta lucha, soy la primera en condenarlo y quiero que se investigue hasta el final.