Otra vez lo mismo. El juicio contra el policía local no ha dejado lugar a dudas, como ya ocurrió en la ocasión anterior. Las pruebas, los testimonios y el propio desarrollo de la vista apuntan en la misma dirección: fue él quien disparó. Así lo sostiene la Fiscalía y así lo respalda el resto de acusaciones. No estamos ante un caso ambiguo ni lleno de sombras; más bien al contrario, el relato es claro y coincide en lo esencial.
En política, prometer es fácil; cumplir, ya es otra historia. Y cuando lo prometido ni siquiera es viable legalmente, lo que queda no es ilusión, sino una mezcla de desinformación y desprecio por la ciudadanía. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con las declaraciones de Alejandro Ramírez sobre la incorporación de los trabajadores de Brigadas Verdes a Obimace: un anuncio que, más allá de sonar bien, no se sostiene dentro del marco legal.
Cada vez que llega un informe triunfalista, conviene leerlo con cierto escepticismo. El último del INGESA pinta la Atención Primaria de Ceuta y Melilla como poco menos que un modelo a seguir. Sin embargo, basta hablar con pacientes y profesionales para darse cuenta de que la realidad no siempre coincide con ese relato tan pulido. Una cosa es el papel, y otra muy distinta el día a día en los centros de salud.
Hay silencios que pesan más que los discursos, y en política eso se nota especialmente. Mientras el ministro de Justicia se muestra especialmente locuaz para opinar sobre determinados jueces y procedimientos, llama la atención su mutismo ante otros casos que también generan dudas razonables en la opinión pública. No se trata de pedir pronunciamientos selectivos, sino coherencia: si se entra en el debate judicial, debería hacerse para todos, no solo para lo que conviene.
Asfixia. No existe otra palabra para describir el último movimiento del Gobierno que, con una voracidad recaudatoria insaciable, ha decidido que 2026 sea el año del "tiro de gracia" para el tejido productivo de Ceuta. Según denuncian la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), más de un millar de trabajadores por cuenta propia en la ciudad verán cómo su cuota mensual se dispara en unos 65 euros, un incremento que en el resto de la península llega a los 135 euros pero que aquí, pese a las bonificaciones, se siente como un insulto a la singularidad económica de nuestra tierra.
