Cuando el Consejo de Ministros se reunió esta mañana en sesión extraordinaria para aprobar el plan anticrisis ante la guerra en Irán, en Madrid nadie pensó en Ceuta. No es una acusación. Es un hecho documentable, sesión a sesión, decreto a decreto, presupuesto a presupuesto. Ceuta figura en los papeles del Estado cuando conviene, y desaparece cuando se trata de proteger a sus ciudadanos.
Vivimos rodeados de símbolos. Banderas, fronteras, religiones, idiomas, costumbres. Cosas que, en principio, deberían servir para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y qué historias nos habitan. Y, sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario: en lugar de acercarnos, nos separan. En lugar de ayudarnos a entendernos, nos empujan a desconfiar. Y ahí es donde uno se pregunta en qué momento la identidad dejó de ser algo bonito para convertirse, a veces, en una excusa para levantar muros.
El agente acusado de matar a su esposa con su arma reglamentaria salió en libertad el viernes. El 7 de abril se repite su juicio. El mecanismo institucional que podría haber existido sigue sin existir.
La Ciudad Autónoma destina 475.000 euros anuales a la Cámara de Comercio mediante subvención nominativa para financiar el programa de bonos de consumo. El mecanismo es legal, pero en dos años de ejecución no se ha publicado ninguna memoria de resultados que acredite el impacto real del gasto.
Una unidad policial con competencias sensibles violencia de género, tráfico, proximidad que carece de reglamento propio desde su creación en 2012.
