El macrocampamento de acogida de emergencia habilitado para albergar hasta a 1.700 personas ha comenzado a operar en pleno litigio judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado admitir a trámite el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), abriendo formalmente la vía para revisar la legalidad del expediente administrativo que permitió su levantamiento en la zona de ampliación del Muelle de Poniente.
El macrocampamento de acogida de emergencia habilitado para albergar hasta a 1.700 personas ha comenzado a operar en pleno litigio judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado admitir a trámite el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), abriendo formalmente la vía para revisar la legalidad del expediente administrativo que permitió su levantamiento en la zona de ampliación del Muelle de Poniente.
La batalla legal pone en tela de juicio la orden dictada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante la cual se dio luz verde a la cesión y uso de las instalaciones portuarias para este fin. La organización policial sostiene que la ubicación elegida compromete tanto la seguridad de los efectivos y del propio recinto como las condiciones operativas y humanitarias exigibles para una infraestructura de estas dimensiones.
Con la admisión del procedimiento judicial, el tribunal examinará la documentación técnica y las autorizaciones gubernamentales para determinar si la decisión ministerial se ajustó a derecho o si incurrió en irregularidades administrativas, un dictamen que podría obligar a reconsiderar la permanencia de los migrantes en dicho enclave logístico mientras las carpas ya se encuentran prestando servicio.