Hay algo que no termina de cuadrar. Pedimos a nuestros soldados que patrullen, vigilen, contengan situaciones complicadas y estén allí donde la crisis exige presencia del Estado, pero después descubrimos que el uniforme puede encontrarse demasiado solo cuando llega el momento de actuar. Las Fuerzas Armadas no son la Policía ni la Guardia Civil, y precisamente por eso, cuando se les encomiendan funciones extraordinarias sobre el terreno, las reglas tienen que estar meridianamente claras. El propio Gobierno ha defendido en el Congreso que el control fronterizo y la aplicación de la normativa de extranjería corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras los militares actúan en apoyo de estas.
Hay algo que no termina de cuadrar. Pedimos a nuestros soldados que patrullen, vigilen, contengan situaciones complicadas y estén allí donde la crisis exige presencia del Estado, pero después descubrimos que el uniforme puede encontrarse demasiado solo cuando llega el momento de actuar. Las Fuerzas Armadas no son la Policía ni la Guardia Civil, y precisamente por eso, cuando se les encomiendan funciones extraordinarias sobre el terreno, las reglas tienen que estar meridianamente claras. El propio Gobierno ha defendido en el Congreso que el control fronterizo y la aplicación de la normativa de extranjería corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras los militares actúan en apoyo de estas.
El problema aparece cuando la teoría se encuentra con la calle. Un soldado puede estar desplegado en una misión de vigilancia y apoyo y acabar enfrentándose a una situación de tensión, resistencia o agresión que exige una respuesta inmediata. Ahí no puede haber dudas sobre qué puede hacer, hasta dónde puede llegar y qué protección jurídica tendrá después. Defensa ha llegado a dotar a los efectivos desplegados de espráis de gas pimienta para legítima defensa tras agresiones sufridas por patrullas, una muestra evidente de que el escenario sobre el terreno ha desbordado la simple presencia militar.
Por eso el debate sobre reconocerles la condición de agentes de la autoridad no debería reducirse a una batalla entre partidos. El Congreso ya ha instado al Gobierno a conceder esa consideración a los miembros de las Fuerzas Armadas que intervienen en Ceuta desde el 30 de julio en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También se han planteado en sede parlamentaria protocolos de autoprotección, directrices claras y mayor cobertura jurídica. El asunto de fondo es sencillo: nadie debería recibir una misión sin recibir también las herramientas legales necesarias para cumplirla.
Y existe además una cuestión que España tendrá que resolver con serenidad: dónde termina la defensa exterior y dónde comienza el control migratorio y el mantenimiento del orden interior. Convertir al Ejército en una fuerza policial permanente alteraría la naturaleza de sus funciones; pero desplegar soldados en escenarios de contención civil sin delimitar exactamente sus atribuciones tampoco parece una solución razonable. Cada cuerpo tiene su misión, y cualquier cooperación excepcional necesita límites precisos.
Los militares han recibido una orden y la cumplen. Lo mínimo que puede hacer el Estado es no dejarlos jurídicamente a medio camino. Si queremos soldados sobre el terreno, deben saber exactamente qué pueden hacer, cómo pueden defenderse y qué respaldo tendrán cuando actúen conforme a las órdenes recibidas. Mandarlos a primera línea mientras las normas llegan después sería trasladarles una responsabilidad que corresponde exclusivamente a quienes toman las decisiones.