Al Gobierno de la Nación se le empiezan a atragantar sus propias cifras. Durante semanas ha defendido que, después de la entrada masiva del 30 de julio, permanecían en Ceuta alrededor de 7.000 migrantes. Ahora anuncia que más de 5.300 marroquíes han regresado voluntariamente a su país. Pues saquemos la calculadora: 7.000 menos 5.300 son 1.700. Hasta ahí puede llegar cualquiera. El problema aparece cuando ese mismo Gobierno reconoce más de 4.300 plazas habilitadas en recursos temporales y anuncia que seguirá instalando módulos hasta alcanzar las 6.000. ¿Para quién son entonces todas esas plazas?
Al Gobierno de la Nación se le empiezan a atragantar sus propias cifras. Durante semanas ha defendido que, después de la entrada masiva del 30 de julio, permanecían en Ceuta alrededor de 7.000 migrantes. Ahora anuncia que más de 5.300 marroquíes han regresado voluntariamente a su país. Pues saquemos la calculadora: 7.000 menos 5.300 son 1.700. Hasta ahí puede llegar cualquiera. El problema aparece cuando ese mismo Gobierno reconoce más de 4.300 plazas habilitadas en recursos temporales y anuncia que seguirá instalando módulos hasta alcanzar las 6.000. ¿Para quién son entonces todas esas plazas?
Aquí alguien tiene que explicar qué está pasando, porque las cuentas no salen ni forzándolas. Si quedan alrededor de 1.700 de aquellas personas, ¿por qué se prepara capacidad para varios miles? Y si permanecen muchas más, ¿por qué no se dice claramente? Los ceutíes llevan demasiado tiempo escuchando cifras que cambian, mensajes tranquilizadores y explicaciones que después chocan con la realidad que el propio Ejecutivo termina reconociendo. Ceuta no necesita propaganda ni juegos malabares con las estadísticas: necesita saber exactamente cuántas personas entraron, cuántas han salido y cuántas continúan en la ciudad.
Y mientras en los despachos cuadran el relato como pueden, la calle soporta las consecuencias de una situación excepcional que sigue sin resolverse. Los altercados y episodios violentos registrados durante estas semanas han disparado la preocupación ciudadana y han obligado a mantener un enorme esfuerzo policial. No se puede atribuir colectivamente la delincuencia a miles de personas por su origen o situación migratoria, pero tampoco se puede utilizar esa evidencia para negar los problemas de seguridad que realmente se estén produciendo. Cada delito tiene responsables concretos y cada persona en situación irregular tiene un expediente que debe resolverse conforme a la ley. Lo que no puede hacerse es mirar hacia otro lado.
El Gobierno tiene herramientas legales. Que las utilice. Identificación, procedimientos administrativos, traslados, retornos y expulsiones cuando legalmente procedan, además de exigir a Marruecos la colaboración necesaria. Lo que Ceuta no puede aceptar es convertirse en un gigantesco campamento provisional mientras Madrid administra el problema a base de módulos, comunicados y cifras difíciles de reconciliar. Habilitar hasta 6.000 plazas no es solucionar una crisis; es asumir que el problema puede prolongarse.
Ya está bien de tratar a los ceutíes como si no supieran sumar. Queremos saber cuántas personas permanecen realmente en Ceuta y cuál es el plan para devolver la ciudad a la normalidad. Si son 1.700, que expliquen las 6.000 plazas. Si son muchos más, que digan cuántos. Pero que dejen de esconderse detrás de números que parecen incompatibles entre sí. La pregunta es muy sencilla: A ver, ministros inútiles del Gobierno con su fantoche al mando, ¿cuántos quedan realmente en Ceuta?