Lo ocurrido durante el traslado de miles de migrantes hacia las parcelas del Puerto ha sido, sencillamente, un desastre. Imágenes de carreras, tensión, empujones y momentos en los que los agentes tuvieron que emplearse a fondo son la demostración de que un dispositivo de semejante magnitud no puede organizarse dejando tantos cabos sueltos. Cuando movilizas a miles de personas hacia un recinto con plazas limitadas, la planificación no puede fallar.
Lo ocurrido durante el traslado de miles de migrantes hacia las parcelas del Puerto ha sido, sencillamente, un desastre. Imágenes de carreras, tensión, empujones y momentos en los que los agentes tuvieron que emplearse a fondo son la demostración de que un dispositivo de semejante magnitud no puede organizarse dejando tantos cabos sueltos. Cuando movilizas a miles de personas hacia un recinto con plazas limitadas, la planificación no puede fallar.
Por supuesto, también hay responsabilidades individuales. Quienes respondieron con violencia, se enfrentaron a los agentes o aprovecharon el desconcierto para generar todavía más tensión son responsables de sus actos. No hay situación migratoria, por complicada que sea, que justifique comportamientos violentos. Pero precisamente porque se sabe que una concentración de miles de personas puede desembocar en situaciones difíciles, las administraciones tienen la obligación de anticiparse y desplegar los medios necesarios.
El MDyC pone ahora sobre la mesa algo que parece de sentido común: planificación, recursos e información. No puede ser que los profesionales que están en primera línea adviertan de que hacen falta más medios mientras las administraciones se enredan en quién sabía qué, quién avisó a quién o de quién era la competencia. Al ciudadano le importa bastante poco esa pelea. Quiere que quien gobierna controle la situación y que policías, guardias civiles, militares y demás trabajadores puedan desempeñar su labor con garantías.
Y también hace falta información. Ceuta lleva semanas soportando una situación extraordinaria y la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo, qué recursos existen, cuántas personas van a ser trasladadas y cómo se van a desarrollar esos movimientos. El silencio institucional solo alimenta rumores, incertidumbre y malestar. Informar no es un favor; en una crisis de estas dimensiones forma parte de la responsabilidad de gobernar.
La experiencia de este viernes debería servir, al menos, para aprender. Si quedan nuevos traslados por realizar, no pueden repetirse las mismas escenas. Más coordinación, más efectivos, recorridos y accesos perfectamente controlados y, sobre todo, previsión. Porque cuando a los comportamientos violentos de algunos se suma una planificación deficiente, el resultado es exactamente el que hemos visto: caos. Y Ceuta ya tiene suficientes problemas como para añadir otros por pura improvisación.