Cada año, miles de jóvenes en España alcanzan la mayoría de edad habiendo crecido bajo el Sistema de Protección a la Infancia, separados de sus respectivas familias. En ese momento finalizan sus medidas de protección, y las alternativas para el retorno familiar se hacen inviables en la mayoría de los casos, teniendo que afrontar una emancipación precoz (11 años antes que la media de edad con la que se emancipa cualquier otro joven en nuestro país) y forzosa, que los predispone a una situación de riesgo de exclusión social e incluso a un segundo desamparo.