La reciente entrada en vigor en abril de la Ley 7/2022 de Residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene por objeto personalizar la cuantía de la tasa de residuos según el principio de “quien contamina paga”. Lamentablemente, la nueva tasa está lejos de cumplir este fin. En unos casos por la arbitrariedad de los criterios que determinan su importe, en otros, por tratarse de un único criterio fijo que no valora el esfuerzo de cada hogar para limitar y separar correctamente sus residuos, señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que valora la aplicación de la tasa como desequilibrada e injusta.
